viernes, 18 de julio de 2008

¡¡Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción por una educación pública, laica y no discriminatoria!!


Las/os estudiantes secundarias/os nos dieron el año 2006 una enorme lección. No sólo hicieron público un secreto a voces -la educación chilena es de mala calidad y reproduce la desigualdad- sino que además, gracias a su enorme capacidad de movilización y coordinación, lograron que se pusiera en la agenda un tema que no estaba contemplado en el programa de gobierno: la derogación de la LOCE. De este modo, fueron capaces de desafiar la “regla mordaza” impuesta por la transición pactada, al lograr que, por primera vez en más de quince años, se comenzara a discutir acerca del rol de Estado en la educación, y a cuestionar –en forma más o menos seria- el papel del mercado como ente regulador en esta materia.

Lamentablemente, los resultados del largo proceso que se inauguró el 2006 con la formación de la Comisión de Educación, no han sido del todo satisfactorios. Creemos que la LGE es un avance respecto a la LOCE, pues coloca el énfasis en el Aprendizaje y no sólo en la Enseñanza, aumenta las exigencias para los sostenedores educacionales y plantea la necesidad de crear instancias de regulación y fiscalización: una Agencia de Calidad que establezca estándares respecto de los aprendizajes que se deben alcanzar en cada nivel educativo y que mida externamente su cumplimiento, y una Superintendencia de Educación que cautele el uso de los recursos, incorporando exigencia de logros académicos por dineros entregados. Sin embargo, estos organismos existen sólo en el papel, ya que hasta el momento no se ha visto avance alguno en el diseño de los proyectos de ley que les darían vida.

Más aún, la principal deficiencia de la LGE consiste en privilegiar la “libertad de enseñanza” en desmedro del derecho a una educación de calidad, al mantener vigente el lucro en los colegios particulares subvencionados y al no considerar la necesidad de políticas, con un enfoque de equidad, que entreguen más recursos a aquellos colegios que más lo necesitan. La ausencia de principios que aseguren la igualdad de oportunidades de acceder a una educación de calidad y por lo tanto que permitan el fortalecimiento de la educación pública, deja intactos los ejes estructurantes del actual sistema de mercado en la enseñanza.

Una de las implicancias de lo anterior es la distribución inequitativa de recursos económicos por alumna/o en los distintos tipos de establecimiento, lo que genera una importante brecha educacional entre los distintos tipos de colegios.

Además, en los colegios particulares subvencionados se genera una selección de alumnas/os por criterios económicos y socioculturales. El supuesto básico que sustenta el sistema es que la competencia libre de la oferta por captar las preferencias de la demanda incrementa la calidad de la educación, a través del proceso de selección de los mejores colegios. Sin embargo, los sectores medios no utilizan indicadores de calidad educativa al momento de seleccionar la escuela para sus hijos, orientándose más bien por símbolos de status así como por el ambiente social de la escuela. De ahí que los colegios respondan a la presión de la competencia seleccionando a las/os alumnas/os con más capital económico y cultura y con mayores capacidades académicas, segregando así a aquellas/os con menores probabilidades de éxito. El resultado de todo lo anterior es la creación de escuelas ghettos en los municipios más pobres.

Sin embargo, el debilitamiento de la educación pública no sólo acarrea consecuencias en términos de la desigualdad entre ricos y pobres, sino también en el ámbito de las relaciones de género, dimensión generalmente invisibilizada a la hora de analizar la problemática de la educación. Al no otorgar al Estado las atribuciones de regulación necesarias, la LGE no garantiza una educación laica, pluralista y basada en el principio de la no discriminación, cuestión que nos parece esencial desde una perspectiva ética, más aún cuando hay recursos estatales comprometidos. En este sentido, no sorprende que el proyecto de ley no se pronuncie respecto a la educación sexual. A nuestro juicio es deber del Estado garantizar que todas y todos las/os jóvenes reciban una educación sexual integral y con perspectiva de género, que incluya información amplia, actualizada y basada en la evidencia científica sobre sexualidad, reproducción, prevención de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual basada en los derechos sexuales y reproductivos, en la perspectiva de género y en una visión laica, que incluya entre otros aspectos, los diversos métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora anticonceptiva de emergencia y el uso correcto y consistente del condón y la orientación respecto a la dimensión integral de la sexualidad y el respeto a las diversidades sexuales. Esta debe ser incorporada a la formación docente y tener el carácter de contenido obligatorio y no sólo de “objetivo transversal” en el currículum escolar. La salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes, especialmente de aquellas/os de escasos recursos, no puede depender de la voluntad y las creencias religiosas de cada sostenedor, sobre todo considerando que estos se financian en gran medida con el dinero de todas y todos las/os ciudadanos.

A nuestro juicio, todo lo anterior responde a la naturaleza antidemocrática de la LGE. Si bien en un principio se creó una instancia de discusión amplia en la cual participaron diversos actores, el procedimiento que dio origen al proyecto de ley definitivo terminó siendo el mismo de siempre: la política de los consensos y las negociaciones con la derecha, los empresarios y la Iglesia Católica. La LGE no es producto de un proceso de discusión ciudadana, como se pretende hacer creer, y ello se refleja en la fuerte oposición que genera en la mayoría de la población, que ha manifestado su descontento en las calles y, más recientemente, en la Consulta Ciudadana organizada desde el movimiento estudiantil.

En definitiva, la LGE tiende no sólo a mantener la estratificación del sistema educacional chileno y a incrementar de la exclusión social de los más pobres, sino también a reproducir las desigualdades de género y la discriminación hacia las y los jóvenes. Ello porque, al privilegiar la educación privada y la lógica de mercado, no garantiza la plena satisfacción de las necesidades sociales y humanas del país; de ahí la importancia de fortalecer la educación pública. Cuando hablamos de educación pública no nos referimos, sin embargo, a la acepción maniquea que intentan instalar los gestores de la LGE –que incluye tanto a los colegios municipalizados como a los particular subvencionados- sino que apelamos a su sentido real: aquella que es administrada por organismos estatales y que, por lo tanto, responde a un interés público.

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